Informe FIP: Múltiples agresiones a periodistas durante las protestas en Barcelona

Bruselas, 4 de febrero de 2020. - La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha publicado hoy su informe anual sobre todos los asesinatos de periodistas y en el que se detallan 49 muertes en todo el mundo. La FIP ha reiterado su llamamiento a los gobiernos para que se comprometan a luchar contra la impunidad de los crímenes contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación y que las empresas formen a sus trabajadores en materia de seguridad y proporcionen pólizas de seguro y equipamiento.

El pasado 31 de diciembre de 2019, la FIP publicó la lista de trabajadores/as de medios asesinados/as mientras hacían su trabajo. Esta lista recoge un total de 49 periodistas asesinados/as en 2019, tres de ellas mujeres. Se trata de la mitad de muertes que en años anteriores.

En el informe publicado hoy, se analiza la situación de los/as periodistas a nivel regional y se detallan las circunstancias de las 49 muertes recogidas en la lista. América Latina es la región con mayor número de muertes (19) seguida por Asia y el Pacífico (12) y África (9), Oriente Medio y el mundo árabe (8) y Europa (2).

Estos datos arrojan dos conclusiones fundamentales. La primera, que las amenazas, la persecución, encarcelamiento y el asesinato de periodistas no solo tienen lugar en países en guerra o zonas de conflicto. La segunda, que las víctimas de estos ataques son, en su mayoría, periodistas locales, que se ven amenazados por investigar e informar sobre abusos de poder, corrupción y crimen organizado.

En el caso de América Latina y el Caribe, el año 2019 estuvo marcado por la continua violencia contra periodistas y los trabajadores/as de los medios de comunicación, con 18 muertes confirmadas, es decir, el 37% del total mundial. Se produjeron asesinatos de periodistas en Brasil (2), Colombia (1), Haití (2), Honduras (3) y México (10).

México, por tanto, sigue siendo el país más peligroso de la región y del mundo para ejercer el periodismo. La profesión está amenazada en gran medida por los cárteles del crimen organizado y la debilidad de un poder político incapaz de atajar la violencia y hacer justicia con los asesinos. Esto se suma a los temores que persisten para los próximos años. También resultan alarmantes las docenas de casos de asesinatos de periodistas que siguen sin ser investigados y resueltos por las autoridades mexicanas.

Por su parte, la región de Asia y el Pacífico ha visto un fuerte descenso en el número de muertes, pasando de 32 en 2018 a 12 2019. La FIP ha registrado asesinatos de periodistas en Afganistán (5), India (1), Pakistán (4) y Filipinas (2). Sin embargo, la violencia contra periodistas sigue siendo sistemática, con amenazas constantes a la prensa, la falta de respuesta de la policía, falta de investigación e impunidad de los ataques. Este clima de violencia contribuye a alimentar la sensación de inseguridad entre nuestros/as compañeros/as en la región.

8 periodistas fueron atacados directamente de disparos por arma de fuego. Este fue el caso de Mirza Waseem Baig, un periodista de la región Punjab en Pakistán, que fue tiroteado por tres pistoleros en la puerta de su casa.

La situación en África es ciertamente similar, ya que en 2019 se registraron nueve asesinatos de periodistas: República Democrática del Congo (1), Ghana (1), Nigeria (1), Chad (1), Somalia (3), Libia (1) y Zambia (1). Somalia vuelve a ser el país más peligroso para la profesión del continente, con dos periodistas asesinados en un atentado con explosivos ejecutado por militantes islamistas de Al-Shabaab y un tercer muerto en un ataque a una base militar en la región de Shabelle. 

Por otro lado, en el Oriente Medio y el mundo árabe registró por segundo año consecutivo una disminución del número de asesinatos, pasando de 20 muertes en 2018 y 25 en 2017 a 8 en 2019. La FIP ha registrado asesinatos en Iraq (1), Siria (5) y Yemen (2). A pesar de la reducción de asesinatos en esta región, la situación sigue siendo crítica, ya que miles de periodistas se han visto obligados/as a huir de su país a causa de sus reportajes y trabajos periodísticos. Durante más de 10 años, la FIP ha estado organizando cursos en materia de seguridad para sus afiliados/as en la región.

En Europa, dos periodistas fueron asesinados en 2019: Lyra McKee, tiroteada mientras cubría unas protestas violentas en Derry, Irlanda del Norte, y Vadym Komarov, asesinado en el centro de Cherkassy, Ucrania, por un grupo de atacantes todavía sin identificar. La Plataforma del Consejo de Europa para la Protección y la Seguridad de los Periodistas, de la que la FIP es miembro y colaboradora habitual, también registró 38 casos de impunidad en Europa en 2019, incluidos 14 asesinatos y desapariciones de periodistas serbios, kosovares y albaneses.

Desde el lanzamiento del informe de la lista de asesinatos de la FIP en 1990, la federación ha registrado 2.530 muertes de periodistas.

La FIP sigue luchando para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas, exigiendo que los gobiernos asuman su responsabilidad por todos los casos que siguen sin resolver y siguiendo su campaña para conseguir una Convención Internacional para la Protección y Seguridad de los Periodistas. También celebra con satisfacción la condena a finales de 2019 en Filipinas de quienes ordenaron la masacre de 32 periodistas en Maguindánao el 23 de noviembre de 2009. Un acto de justicia y reparación que debe servir como ejemplo en el resto del mundo.

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La FAPE se adhiere a la declaración conjunta “Consenso y concurso público: Única solución democrática a la parálisis de RTVE”

La Junta Directiva de la Federación, reunida el sábado 25 de enero, ha decidido su adhesión al manifiesto elaborado por diversas organizaciones y colectivos sociales, académicos y profesionales en un último esfuerzo por salvar el concurso público que permita la elección de los miembros del Consejo de Administración del ente público y la consecuente elección de su presidente

 

                                                   

Pé de foto: Directiva da FAPE. 

La declaración conjunta dice lo siguiente:

 

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y FINES SOCIALES. DE LA COMUNICACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

El compromiso con la regeneración democrática y la cultura incluido en el acuerdo del nuevo Gobierno de coalición PSOE y Unidas-Podemos tiene una asignatura pendiente en la urgente y necesaria regeneración del espacio público de comunicación audiovisual, que incluye, de entrada, la reconstrucción de los órganos democráticos de gestión de RTVE.

La culminación del concurso público para la elección de la Presidencia de la corporación y de los miembros del Consejo de Administración de CRTVE con el máximo consenso se revela como la única salida viable a la parálisis institucional que padece esta corporación pública.

Ese fue el compromiso de los grupos políticos cuando aprobaron por unanimidad la Ley 5/2107, de 30 de septiembre, cuya aplicación llegó a su tramo final en anteriores legislaturas con el concurso de los aspirantes y las actuaciones del Comité de Expertos, y que ahora debe terminar su recorrido. No hacerlo representaría un fraude político a la ciudadanía y el golpe de gracia a una radiotelevisión pública que lleva más de año y medio en una provisionalidad insostenible.

Por otro lado, si se habla de agenda social, ello implica atender el derecho de los ciudadanos a acceder a una información libre e independiente y a unos contenidos gratuitos, universales y de calidad, que puedan competir en igualdad de condiciones con los grandes consorcios privados y las cada vez más potentes plataformas de pago.

Es vital que el nuevo Gobierno apueste por una política audiovisual ampliamente reformista y progresista que sirva, a corto y medio plazo, para regenerar el espacio público democrático, reconectar con la sociedad y asegurar una mayor repercusión pública.

Estas actuaciones son urgentes dada la situación actual de RTVE, que sufre una paralización de sus reformas y proyectos estratégicos que deteriora día a día su imagen y su peso social, de una forma que en pocos años será irreversible. Más allá de la caída de audiencias, se trata de la incapacidad actual del servicio público de abrirse a la sociedad y de adecuarse a las profundas mutaciones digitales de los usos sociales de la comunicación.

CAMBIOS LEGISLATIVOS VITALES

También es urgente e indispensable abordar cambios legislativos que nos vienen obligados por la normativa europea, que traicionarán una vez más sus potencialidades de pluralismo y diversidad si no se enfocan desde una visión democratizadora.

Hay importantes aspectos en el campo de la comunicación que es necesario revertir. Como la anulación en su día por la Ley 3/2013 de un consejo audiovisual estatal independiente, previsto en la Ley General del Audiovisual, y su disolución en un macroorganismo, la CNMC, que ha dejado al polo público del audiovisual español sin control ni orientación alguna, y al privado con un control limitado prácticamente a las laxas normas de competencia. Como el descontrol del reforzamiento del oligopolio privado (en radio y sobre todo en televisión), que acapara casi el 90 % de la publicidad y amenaza con llegar en dos años al 100 por 100, haciendo imposible toda competencia, con el grave riesgo que supone para el pluralismo de la opinión pública y cuyo efecto en la vida política y que hemos podido contemplar ya en los últimos períodos electorales.

En consecuencia, las organizaciones sociales firmantes de este documento, requerimos cambios normativos y políticas públicas que deben implementarse a corto y medio plazo.

MEDIDAS URGENTES SOBRE RTVE

Gobernanza

En el plazo más corto posible, culminar el concurso público y nombrar un presidente y un Consejo de Administración entre los seleccionados por el Comité de Expertos. Instamos al gobierno y a los grupos parlamentarios a continuar la tramitación y a llegar al consenso más amplio posible.

Financiación

Restaurar en los próximos presupuestos la dotación de RTVE, aproximándola a los 1.200 millones, establecidos como límite presupuestario en la Ley 8/2009.  Estos presupuestos deben de actualizar las tasas por utilización del espectro radioeléctrico y las aportaciones que realizan los operadores de televisión y las compañías de telecomunicaciones y extender estas a los operadores en streaming de contenidos audiovisuales. A medio plazo, llevar a cabo una revisión normativa profunda que permita una financiación sostenible y suficiente.

Nuevo Modelo

Creación de un Consejo, de amplia participación social (con expertos y entidades sociales no lucrativas), para la reforma integral de RTVE.

La búsqueda del reconocimiento de la sociedad, del rigor y la transparencia en la gestión de los recursos que se ponen a su disposición, de la propia exigencia en la evaluación de los resultados, deben presidir la transformación de una nueva RTVE, refrendada con altos niveles de aceptación por el conjunto de la sociedad.

Para ello es imprescindible el compromiso firme del Gobierno, los grupos parlamentarios y los órganos de gobierno de RTVE. Requerimos que, una vez se proceda a la renovación del Consejo de Administración de la Corporación y la elección de su Presidente, se desarrollen las siguientes acciones:

Mandato Marco

Instamos a las Cortes para que en el plazo más breve posible procedan a aprobar un nuevo Mandato Marco, ampliando los compromisos de servicio público a las nuevas plataformas.

Contrato-programa

Tan pronto como se apruebe el Mandato Marco instamos al Gobierno a negociar de forma inmediata con la Corporación el primer Contrato-Programa trienal de la historia de RTVE, como exige la Ley 17/2006, de 5 de junio.

Independencia

En el terreno informativo, la nueva Dirección debe afianzar la independencia, ofrecer al ciudadano una información rigurosa e imparcial y estar dispuesta a someterse a todos los controles que garanticen el cumplimiento de esas obligaciones.

Plan Estratégico

La nueva Dirección de la Corporación debe elaborar a la mayor brevedad un Plan Estratégico para el cumplimiento de las misiones de servicio público, de conformidad con el Acuerdo Marco y el Contrato-Programa. De modo destacado, el Plan debe contemplar la transformación de RTVE en un servicio multiplataforma, abordar la digitalización de RNE en el contexto de la migración digital del conjunto de la radio digital española y conectar a RTVE con la agenda digital española. Entretanto, debe proseguirse con la expansión sistemática a las nuevas plataformas, sin descuidar los canales tradicionales.

Modificaciones de la regulación general

La reciente modificación de las directivas de comunicaciones electrónicas, propiedad intelectual y audiovisuales europeas[1] y la obligación de trasponer las normativas a la legislación española en el plazo debido[2] son las primeras circunstancias a tener en cuenta, por la necesidad de cumplir con sus indicaciones y la obligación de hacerlo en un plazo corto de forma coordinada y coherente.

Plataformas online

Especialmente relevante es la regulación del comportamiento y obligaciones (inversión, aportación al servicio público, protección de menores, accesibilidad, etc.) que equipare a las plataformas on-line con las que soporta la televisión off-line.

Autoridad reguladora

Cambios inmediatos en la CNMC para asegurar su independencia, y para garantizar la presencia de un departamento fuerte, con expertos en el ámbito audiovisual y dotado de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos asignados a este organismo, capaz de regular y supervisar tanto el cumplimiento del servicio público, como la competencia y el pluralismo. La sustitución de los cinco miembros del Consejo de la CNMC que han concluido su mandato debe servir para garantizar la independencia de sus consejeros, con prestigio y conocimientos acreditados en el ámbito audiovisual.

A medio plazo, constituir un Consejo Estatal de Servicios Audiovisuales, que asuma las funciones del (no constituido) Consejo Audiovisual previsto por la Ley General Audiovisual, además del otorgamiento de licencias, la supervisión de todo el sector, público y privado, así como las nuevas competencias de regulación y supervisión sobre los servicios online, derivadas de la Directiva de Servicios Audiovisuales.

RTV Autonómicas

Revisión de su regulación estatal para exigirles trasladar la estructura democrática de gobernanza de RTVE, y para una redefinición de sus misiones de servicio público.

RTV comunitaria y local

Revisión de la regulación y los planes técnicos necesarios para un relanzamiento de los medios comunitarios y el desarrollo reglamentario pendiente desde 2010 del artículo 32 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

LA Agenda Digital COMO GRAN PROGRAMA DE LA LEGISLATURA

La Agenda Digital ha de ser concebida como un plan sistemático de acceso inclusivo universal a la banda ancha (y no solo de más rapidez y seguridad para los más ricos), pero también y especialmente a los contenidos de calidad informativos, educativos, culturales y de entretenimiento producidos y difundidos por RTVE mediante la TDT, la Radio (que debe migrar progresivamente a la emisión digital) en Internet y las redes sociales. Y de participación intensiva de los ciudadanos y sus entidades sin ánimo de lucro en la construcción de esa Sociedad compartida del Conocimiento.

Un programa en el que el servicio público de radiotelevisión, por sus medios, su experiencia y su todavía importante presencia social resulta indispensable como locomotora del resto de las entidades públicas (museos, bibliotecas, universidades…) y puerta de acceso a todos los ciudadanos

Por tanto, pedimos

  • Reelaboración a fondo de la Agenda y los anteriores planes digitales del Gobierno, poniendo el énfasis y las acciones en el acceso universal a la banda ancha como servicio público de primera necesidad. Especialmente, dotar a RTVE de un papel locomotora en la digitalización y difusión de la información y los contenidos digitales de calidad de acceso gratuito.
  • Papel destacado del servicio público en la recuperación y redefinición de las políticas culturales.

En resumen, la culminación del concurso público mediante consenso es una oportunidad única para lograr una RTVE independiente y una reforma a fondo de la regulación de los servicios audiovisuales que garantice a todos el derecho de acceso a una información veraz y a contenidos de calidad en el nuevo ecosistema digital.

[1]La Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único digital, la Directiva (UE)2018/1972 por la que se establece el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas y la Directiva y la Directiva (UE) 2018/1808 por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual).

A XORNALISTA VENEZOLANA DEUDELIS OVIEDO, QUE PEDIU ASILO EN ESPAÑA, EXPUSO A CRíTICA SITUACION PARA O XORNALISMO NO SEU PAIS DIANTE DA ASAMBLEA DE SOCIOS DA APSC

                                                  Deudelis Oviedo, segunda pola esquerda, expondo na asamblea da APSC a dramática situación dos xornalistas en Venezuela, acompañada polas directivas da Carme Prado, Belén Baños e Xulia Campo.
 
Deudelis Oviedo, segunda pola esquerda, expondo na asamblea da APSC a dramática situación dos xornalistas en Venezuela, acompañada polas directivas da Carme Prado, Belén Baños e Xulia Campo.
 
 
 
Santiago, 21/12/2019.- A xornalista venezolá, Deudelis Oviedo, directora do programa de radio e televisión "Bajo la lupa" da canle Unicable, e que fora recentemente clausurado polo goberno de Nicolás Maduro, vén de solicitar asilo político en España.
 Deudelis, pertencente ao Sindicato de Traballadores de Prensa e con carnet de la FIP (Federación Internacional de Periodistas) expuxo o seu caso diante da asemblea anual de socios da APSC (Asociacion de Periodistas de Santiago de Compostela). 
Debido a unha permanente situación de acoso e persecución política, Deudelis decidíu saír recentemente do seu país co seu marido e filla e refuxiarse en Santiago de Compostela, onde ten familia. 
O programa "Bajo la lupa" era de información política e nel participaban todo tipo de entrevistados, mesmo desde fóra de Venezuela, tendo un contrastado éxito de audiencia no Estado de Nueva España, na illa Margarita. Os contidos eran moi críticos contra o poder de Maduro e a situación de precariedade en Venezuela. 
O pasado mes de agosto, funcionarios de Conatel (compañía nacional de Telecomunicaciones) obrigaron aos directivos do medio a clausura de dito programa, extremo que finalmente se levou a cabo, obrigando á súa directora a tomar a traumática decisión de abandonar o seu país e pedir asilo en España, xa que as ameazas anónimas persoais contra ela e a súa familia eran xa constantes.
 
Deudelis foi acollida polos compañeiros da APSC, que decidiron reservar un tempo da súa asemblea anual e escoitar a crítica situación do xornalismo en Venezuela un país que, segundo o barómetro de liberdade de expresión de Reporteiros sen Fronteiras, ocupa o posto 148 dos 180 países que hai no mundo.
 
Por outra parte, os socios da APSC, aprobaron as contas e o informe de xestión anual da Asociación que preside Luís Menéndez, quen anunciou novos retos futuros como o 75 º aniversario no vindeiro ano e a celebración da asemblea anual da FAPE en Compostela no ano xacobeo 2021, así como outros asuntos relativos a problemática da profesión en Santiago, Galicia, España e o mundo.
 

Comunicado FAPE-APSC no día do Patrono dos Xornalistas, San Francisco de Sales

 
 
 
Madrid/Santiago. 24/01/2020.- No día do Patrono dos Xornalistas, San Francisco de Sales, a FAPE-APSC reitera o seu firme compromiso coa defensa da liberdade de prensa fronte aos vetos a medios e xornalistas, os recursos ás rodas de prensa sen preguntas e a exclusión dos profesionais do xornalismo de actos de especial trascendencia.
 
A FAPE (Federación de Asociacións de Periodistas de España) e a APSC, a súa asociación delegada na capital galega, constata que hai unha clara tentativa de converter o noso traballo en irrelevante ao fin de impoñer a propaganda como norma e evitar a rendición de contas á que están obrigados os governos e os partídos políticos e sen a que a democracia non podería sobreviver.
 
Diante desta situación a FAPE, primeira organización profesional de xornalistas de España, reivindica o papel fundamental da liberdade de prensa nas sociedades democráticas como dique de contención dos abusos do poder, firme soporte dos valores constitucionais e piar imprescindible do dereito de información dos cidadáns.
 
A FAPE-APSC alertan do risco de perdela liberdade de prensa que tanto costou conquistar e fai un chamamento a sociedade para que ampare o libre exercicio do xornalismo, garantía da sobrevivencia da democracia cando cumpre en plenitude a sua función de ofrecer os cidadáns a información que necesitan para tomar as súas propias decisións.
 
O fomento dunha cidadanía libre, crítica co poder, só se logra ao través dun xornalismo de calidade, é decir, ó que promove información veraz, verificada, contrastada con fontes fiables e suxeita ás normas do noso Código Deontolóxico.
A información endexamais poder ser unha mercadoría sometida á cotización, a falsificacións e a manipulacións. Moi polo contrario, o xornalismo de calidade é un ben de valor que os xornalistas e os medios poñen a disposición dos cidadáns para impulsar a pluralidade, a convivencia democrática, o progreso e o Estado de Dereito.
A imposición do silencio informativo perxudica no só aos xornalistas, senón tamén e en especial aos cidadáns, aos que se lles priva de coñecer á fondo decisións que poden condicionar a súa vida presente e futura. Os cidadáns deixan de ser soberanos e pasar a ser servos, aos que se lles pode enganar con facilidade con mentiras, medias verdades e feitos alternativos.
En consecuencia, a FAPE-APSC demanda aos poderes públicos que se poña fín dunha vez por todas ás rodas de prensa sen dereito a preguntas, supriman os impedimentos a medios e todas aquelas medidas que impiden o libre acceso á información, entre elas ás que están reflectidas na chamada “lei mordaza”. Ínstase tamén aos grupos editoriais á que melloren as condicións laborais e salariais dos seus xornalistas. Mal se poder facer un xornalismo de calidade polo que os cidadáns estarían dispostos a pagar, con redaccións febles, xornalistas mal remunerados e cos seus dereitos laborais reducidos ao mínimo, condicións que agrávanse nos casos dos autónomos, os colaboradores e os bolseiros. Igualmente solicitámoslles que adopten medidas que levanten as barreiras que impiden que a promoción das xornalistas se fagan en condicións de igualdade co dos seus compañeiros.
Tamén exhortamos ao novo Governo de España e o Parlamento á que resolvan coa máxima urxencia o concurso público en RTVE ao fin de que se converta nun medio de tódolos cidadáns, alleo aos governos de turno e sen inxerencias políticas, esixencias que demandamos tamén ás radioteleviisóns autonómicas, nalgunha das cales hai un claro incumprimento da propia lei que a ampara.
 
 

La FIP presenta una guía contra el acoso online a mujeres periodistas

                                             

 

Bruselas, 22 de noviembre de 2019 - El acoso online en redes sociales y sitios web se dirige a mujeres periodistas de cualquier origen político, religioso y étnico. Uno de los aspectos principales de estos ataques es que son de género y suelen estar sexualizados. Sin embargo, muchas mujeres que sufren este tipo de ataques reciben poco apoyo de sus empleadores y, hasta el momento, muchos sindicatos han desarrollado herramientas limitadas para acabar con este problema. En vísperas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha lanzado una nueva guía para apoyar a los medios de comunicación y a los sindicatos a dar una respuesta colectiva al acoso y violencia online.

Una encuesta de la FIP realizada en 2018 mostró que el 43% de las mujeres encuestadas habían sido sometidas al acoso online. Otra encuesta de la FIP realizada en 2018 mostró que sólo la mitad de las víctimas de abusos en línea (53%) denunciaron los ataques a la dirección de sus medios de comunicación, al sindicato o a la policía, y en dos tercios de los casos nadie hizo nada. 

En su nueva guía, la FIP da apoyo tanto a los medios de comunicación como a los sindicatos para que tomen medidas contra este tipo de abuso.

Asumiendo que los empleadores de los medios de comunicación tienen el deber de garantizar un lugar de trabajo seguro y proporcionar mecanismos sólidos para que las mujeres denuncien y sean protegidas cuando son objeto de abusos online, la FIP pide una mayor concienciación y formación del personal en esta materia, insiste en la importancia de definir los actos de misoginia y de tomar más medidas para mejorar los sistemas de moderación de los comentarios de odio, de formar a los periodistas en materia de seguridad digital y de hacer que las empresas de redes sociales rindan cuentas por albergar y permitir comentarios abusivos. La FIP también recomienda enviar mensajes públicos colectivos a las mujeres que han sido víctimas de abusos para mostrar a los acosadores que sus víctimas no están solas.
 
Los medios de comunicación también deben reflexionar sobre sus propias prácticas en igualdad de género y examinar las desigualdades dentro de su propia estructura y su forma de informar sobre la violencia de género.

La presidenta del Consejo de Género de la FIP, María Ángeles Samperio, dijo: "Uno de los aspectos principales del acoso online es que la persona a la que se apunta se siente aislada e impotente. Se necesita una respuesta colectiva a través de políticas internas, legislación y señales externas de apoyo. Deseamos transmitir a las compañeras que sufren esta violencia un mensaje claro de que el acoso online no es tolerable y que no están solas. Como empleadores, los medios de comunicación tienen el deber de garantizar la seguridad en el trabajo y el abuso en línea puede considerarse una cuestión de seguridad y también de salud".

La FIP también pidió a los sindicatos que adopten mecanismos para dar apoyo a sus afiliadas. Es muy importante conocer la legislación vigente y hacer campaña, si fuera necesario, por cambios legislativos que den más garantías a las periodistas así como de proporcionar una página web con todos los contactos y pasos a seguir por las mujeres en caso de sufrir abusos. Los sindicatos también deben ofrecer a sus afiliadas un espacio de diálogo y formación a sus afiliados/as para contrarrestar el acoso online e identificar a los acosadores.

La FIP ha pedido a sus afiliados que hagan campaña a nivel nacional para la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso  en el lugar de trabajo adoptado en junio de 2019. El instrumento reconoce la violencia de género, incluida la violencia en línea, como una cuestión de salud y seguridad.

El Secretario General de la FIP, Anthony Bellanger, dijo: "Nos hemos unido a la Federación de Sindicatos Globales para pedir a los gobiernos del mundo que ratifiquen el convenio de la OIT. Esta es la única convención que aborda la violencia de género, incluyendo la violencia en línea, y es de suma importancia en nuestro sector. La violencia de género, así como el acoso online, deben ser considerados como cuestiones de salud y seguridad y los trabajadores de los medios de comunicación deben estar legalmente protegidos cuando su ambiente de trabajo es inseguro. Los empleadores de los medios de comunicación tienen el deber de garantizar un lugar de trabajo seguro y este Convenio lo permitirá".

La FIP hace un llamamiento a todos sus afiliados para que se unan a los 16 días de acción en favor de la ratificación del Convenio 190 de la OIT.

Todo sobre la campaña de la FIP


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